Apenas quedan un par de meses para que finalice la moratoria hipotecaria que puso en marcha el Gobierno hace un par de años, con el objetivo de aliviar la carga financiera de las familias que soportaban una hipoteca, y el resultado ha sido claramente ineficiente.
Cuando el Gobierno puso en marcha esta moratoria hipotecaria, dotó al Instituto de Crédito Oficial de 6.000 millones de euros para que pudiera hacer frente a las demandas de particulares y entidades financieras. Sin embargo, a día de hoy, la cantidad necesaria para las moratorias solicitadas apenas llega a los 78 millones de euros, es decir, poco más de un 1% de la dotación inicial.
Este proyecto de moratoria hipotecaria tenía como gran promesa la reducción de la cuota hipotecaria a la mitad (hasta un máximo de 500 euros), para todas aquellas hipotecas que no superaran los 170.000 euros, y en las que los titulares se encontraran en situación de desempleo, fueran trabajadores por cuenta propia con escasos ingresos o estuvieran sujetos a la percepción de pensiones de viudedad, con el único requisito de que no se encontraran en situación de mora en el momento de solicitar la moratoria.
Sin embargo, algo ha fallado en la comunicación al ciudadano o en el desarrollo de la propuesta, porque un 1% es una cifra ridícula para una medida que prometía con resolver los problemas de los ciudadanos más acuciados por las deudas hipotecarias.
Preguntado al respecto en el Parlamento, el Gobierno se ha limitado a alabar la actitud de las entidades financieras de nuestro país, que han mostrado una gran flexibilidad a la hora de renegociar las condiciones hipotecarias de sus clientes, con lo que, al final no ha sido necesaria la solicitud de la moratoria hipotecaria por parte de éstos.
En este sentido cabe preguntarse, entonces, si la medida estuvo mal planteada desde el principio, y si no hubiera sido mejor encaminarla a incentivar a las entidades financieras a renegociar las condiciones con sus clientes, de forma que hubiera sido más barata y, sobre todo, más efectiva.
El 28 de febrero fija la finalización de la validez de esta medida, que olvidaremos de inmediato por su tremenda ineficiencia.