El gobierno ha aprobado un plan antifraude para que aflore el dinero negro. Unas medidas con las que oficialmente el ejecutivo prevé recaudar más de 8.000 millones de euros aunque, según fuentes de Moncloa, se espera ingresar una cantidad superior. Aún así la cifra está muy lejos de los casi 250.000 millones de euros que contiene la “caja b” española, más del 23 % del Producto Interior Bruto según el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (Gestha)
Uno de los puntos estrella del anteproyecto de ley del ejecutivo es que se acaba con la prescripción de los delitos fiscales. Esto es, las cuentas y valores en el extranjero que sean descubiertas sin declarar tendrán que hacer frente al pago del último período impositivo. De hecho, la norma obliga a informar sobre cuentas abiertas fuera de España, lo que incluye a titulares, beneficiarios, autorizados o con poderes sobre las mismas. Aunque aún no se ha concretado, el ejecutivo también quiere aumentar la capacidad de la Agencia Tributaria para eliminar las trabas a la hora de cobrar las deudas tributarias. Esto es, se quiere dar más poder a Hacienda para que a través de medidas cautelares e incluso de embargos pueda evitar que al final del proceso de investigación el evasor fiscal se haya “blindado” tras haberse declarado insolvente. No hay que olvidar que la portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría cifraba en 6.000 millones de euros la cantidad pendiente de cobro y con expedientes abiertos.
Límite al pago “contante y sonante”
Ya lo anunció el presidente Mariano Rajoy durante su debate de investidura y así se ha materializado cien días después de su toma de posesión. Habrá límites al pago en efectivo que no podrá superar los 2.500 euros. Quienes incumplan esta norma, tanto el pagador como el receptor, tendrán que afrontar multas por valor del 25% del total abonado. Eso sí el gobierno deja la puerta abierta al “arrepentimiento” ya que se podrá eludir la sanción si se comunica la irregularidad a la Agencia Tributaria dentro de los tres meses posteriores al pago. También hay una mayor benevolencia en el caso de los extranjeros no residentes que podrán pagar hasta 15.000 euros en efectivo.
Luz y taquígrafos para los autónomos y artistas.
El plan antifraude del gobierno pone el foco en los autónomos. A partir de ahora sólo podrán acogerse al sistema de módulos los empresarios con un volumen de ingresos superior a los 50.000 euros. También se elimina el régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. De esta manera transportistas, fontaneros, albañiles y pequeños negocios tendrán emitir facturas con IVA dejando de tributar en base a una estimación. De esta manera se evitará el uso de facturas falsas. Aunque se han lanzado críticas desde el sector, la principal asociación de trabajadores autónomos
, ATA, ha aplaudido la medida.
Otro colectivo, el de artistas y deportistas también está en la lista de Hacienda que prestará especial atención al empleo de facturas falsas para reducir el pago de impuestos y los «entramados» societarios de los que se sirven profesionales, artistas y deportistas «para deducirse, indebidamente, sus gastos particulares». También habrá un mayor control de las importaciones y ventas a terceros países prestando especial atención a Asia. E incluso se rastreará el consumo de energía para localizar establecimientos en los que se estén desarrollando actividades no declaradas. Y todo ello para que aflore poco más del 3% del dinero negro que circula en España. Pero cualquier ingreso es bueno si tenemos en cuenta que España tiene que reducir su déficit al 3% en 2013, ardua tarea teniendo en cuenta que cerramos 2011 con un desequilibrio del 8,51 %