Ya han pasado casi siete años desde que la burbuja del ladrillo explotó. Desde entonces, la caída del mercado inmobiliario ha provocado una crisis en el sistema bancario español que ha causado, a su vez, una crisis de deuda soberana. Por lo tanto, es esencial que el nuevo Gobierno consiga lo que no consiguió su predecesor: sanear el sistema.
Pero el paquete desvelado este pasado jueves, que exige a los bancos hacer nuevas provisiones por un valor estimado en 50.000 millones de euros contra su exposición al mercado inmobiliario, puede que no logre poner un punto y final a esta novela por entregas.
Madrid ha elegido el camino correcto al rechazar la propuesta de crear un “banco malo”, que hubiera supuesto una pesadilla administrativa y una sangría financiera para el estado que penalizaría de forma injusta a los bancos sanos.
En lugar de esto, se ha optado por un enfoque diseñado para lograr tres objetivos. En primer lugar, forzar a los bancos a conceder préstamos hipotecarios a un nivel que permita que la actividad del mercado se reactive. En segundo lugar, promover la consolidación del sector bancario, permitiendo que el sistema vuelva a conseguir capital a través de unos mayores beneficios. Y en tercer lugar, minimizar las demandas de dinero público.
Sobre el papel, las provisiones exigidas son muy duras: la cobertura para suelo licitado debería pasar de un 31 a un 80% para finales de este año, la de promociones en curso de un 27 a un 65% y la de promociones terminadas de un 25 a un 35%.
Pero no es oro todo lo que reluce ya que, por ejemplo, en el caso de las provisiones para suelo, solo un 60% se consignará de forma normal y específica, mientras que el 20% restante se hará mediante una provisión genérica de “colchón de capital”.
Así pues, estamos ante un arreglo algo engañoso diseñado para asegurar que las provisiones no pesen demasiado sobre los recursos propios básicos de los bancos. Esto ayuda, por supuesto, a reducir las demandas de dinero público, lo que va encaminado al cumplimiento de uno de los objetivos, pero también significa que las provisiones reales para el suelo son solo de un 60%, no de un 80.
De hecho, de los 50.000 millones de euros estimados en nuevas provisiones, 15.000 millones irán a este tipo de “provisiones genéricas”, otros 10.000 millones se destinarán a activos buenos y solo 25.000 millones irán a provisiones específicas para préstamos y activos problemáticos.
¿Será esto suficiente para que los bancos empiecen a vender bienes inmuebles? Si no lo es, el Gobierno no solo habrá fallado en su primer objetivo, sino también en el segundo.
Aunque se les concede a los bancos que están envueltos en fusiones un año extra de margen para hacer estas provisiones, pocos querrán aumentar su exposición al mercado doméstico mientras el panorama del mercado inmobiliario siga presentando dudas. Los inversores tampoco se sentirán muy inclinados a proporcionar los nuevos fondos necesarios para mejorar los débiles ratios de capital y reestablecer el acceso a los mercados de financiación bancarios.
El Gobierno se enfrenta a la posibilidad de tener que pagar un alto precio por no haber forzado una limpieza a fondo de los libros de cuentas de los bancos.