Los ‘indignados’ han mostrado su rechazo a las medidas aprobadas por el Parlamento español durante este pasado debate sobre el estado de la nación por insuficientes y por limitarse, en sus palabras, a maquillar el ordenamiento jurídico pero sin generar ningún cambio significativo.
Desde las plataformas que han promovido el movimiento 15-M consideran que lo único que se ha conseguido con estas propuestas del Parlamento es mejorar ligeramente el estado de las cosas, pero más desde un punto de vista del marketing que desde la realidad económica y social de los ciudadanos.
Para los ‘indignados’ la necesidad de la implementación de la dación en pago en el ordenamiento jurídico español es innegable e irrenunciable, y consideran que los incentivos fiscales que el Estado dará a las entidades financieras para que promuevan las hipotecas de responsabilidad limitada no generará los beneficios deseados.
Además, desde las plataformas de ‘indignados’ insisten en la retroactividad de la aplicación de la dación en pago, tanto para las familias que están en proceso de desahucio como para aquellas familias que ya han sido echadas de sus domicilios, para que, al menos, no tengan que mantener la deuda con la entidad financiera.
En este mismo sentido, el incremento del 50% al 60% del valor de tasación que queda zanjado tras la subasta pública es un cambio insignificante para los ‘indignados’ ya que la deuda sigue estando presente para las familias, y poco importa si es el 50% del valor de la vivienda o el 40%.
Por otro lado, los ‘indignados’ echan de menos una medida que paralice de manera provisional todos los desahucios hasta que la economía mejore y las familias puedan tener los ingresos necesarios como para hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias mensuales.
Sin embargo, los partidos políticos no parecen dispuestos a ofrecer una moratoria de desahucios ya que ello modificaría de forma notable las reglas de juego y provocaría un problema de equidad social con respecto a las familias que ya han sido desahuciadas o con respecto a aquellas que sí están pagando sus hipotecas.
En cualquier caso, la polémica está servida, y la única realidad es que, al menos, los políticos sí han empezado a escuchar las reivindicaciones de la calle.