Parece una noticia baladí, pero nada más lejos de la realidad. El PSOE, partido en el Gobierno, ha aceptado la creación de una subcomisión parlamentaria para debatir la posible modificación de la legislación hipotecaria, lo que supone, de manera indirecta, el debate sobre la conveniencia, o no, de la inclusión de la dación en pago como figura resolutoria del embargo hipotecario.
Aparte de la dación en pago, esta subcomisión parlamentaria debatirá las formas de adecuación de la legislación a los tiempos que corren, defendiendo, dentro de lo que sea posible, los derechos de los consumidores, claramente la parte más indefensa en las relaciones hipotecarias.
Sin embargo, el PSOE ya ha dejado bien clara su posición contraria a la implementación de la dación en pago, por considerarla contraproducente para los intereses de los ciudadanos, al menos de manera oficial, porque encarecería los crédito y limitaría el acceso de gran parte de la sociedad a obtenerlos.
El PSOE se refugia en los argumentos que hablan de diferenciales más elevados, para compensar las posibles pérdidas patrimoniales que se pudieran producir, y de financiaciones máximas menores, para evitar la pérdida que supondría el ejecutar una hipoteca en momentos de coyuntura económica negativa, como la actual.
Los partidos de izquierda del Parlamento consideran, no obstante, que estas consecuencias negativas serían, en realidad, un aspecto positivo ya que impediría a los bancos cegar a los consumidores con su exceso de financiación y filtraría el acceso al crédito hipotecario antes de que aparecieran las consecuencias negativas del sobreendeudamiento privado.
En cualquier caso, la subcomisión parlamentaria se formará, y ya es un primer paso para debatir en libertad y con rigor, sobre los aspectos negativos y positivos de la dación en pago, sin ideologías de por medio, sino con el interés del consumidor y del ciudadano como único objetivo.
El problema es que esta subcomisión parlamentaria se formará en proceso electoral, o autonómico o general, y ello provocará que las posiciones estén muy mediatizadas por el posible efecto que pudieran tener sobre el electorado particular de cada partido político, lo que evitará que el debate vaya tan lejos como debería.