El Impuesto sobre Depósitos Bancarios

De un tiempo a esta parte se viene popularizando el debate sobre la conveniencia de la utilización de un Impuesto sobre Depósitos Bancarios que permita paliar la falta de ingresos de las Administraciones públicas y haga que las entidades financieras paguen, de alguna forma, la cuenta que todavía tienen pendiente con la sociedad con motivo de la crisis que provocaron.

Sin embargo, el Impuesto sobre Depósitos Bancarios no es una invención actual, sino que ya se viene aplicando en algunos lugares desde hace tiempo. Concretamente, Extremadura la viene aplicando desde el año 2003, con un resultado de casi cien millones de Euros recaudados.

Pero, ¿cómo funciona un Impuesto sobre Depósitos Bancarios?

De una manera muy sencilla. Se trata de un impuesto directo sobre el stock de depósitos bancarios de las entidades financieras, y el gravamen se realiza por tramos, a imagen y semejanza del IRPF. Por ejemplo, para un stock de 150 millones de Euros, el Impuesto sobre Depósitos Bancarios gravaría un 0.3% (unos 450.000 Euros), hasta 600 millones de euros gravaría un 0.4% (2.400.000 euros), y para más de 600 millones podría irse hasta el 0.5% (por encima de los 3 millones de euros).

Las cantidades que los bancos tendrían que pagar en base al Impuesto sobre Depósitos Bancarios no sería excesiva, aunque sí lo suficientemente elevada como para pensar que repercutirían este gasto adicional a los ciudadanos, punto de principal disputa a la hora de la aplicación de este impuesto.

Porque si al final del todo es el ciudadano el que tiene que pagar la factura del impuesto no le sale a cuenta la instauración del nuevo Impuesto, por mucho que ayude al saneamiento de las cuentas públicas. Al final sería como un impuesto indirecto al ciudadano recaudado a través de las entidades financieras.

Habrá que estar atentos para ver el recorrido real que tiene el Impuesto sobre Depósitos Bancarios, aunque todo apunta que será largo y de directa aplicación en muchas regiones. Como te decía antes Extremadura ya funciona con él desde el año 2003, Andalucía lo ha aprobado este mes, y en el Parlamento de Murcia se está debatiendo en estos momentos, por lo que sólo es cuestión de tiempo que otras regiones también se quieran subir al carro.

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