La nueva reforma financiera aprobada por el Gobierno el pasado viernes 11 de mayo, la cuarta desde que comenzó la crisis, obliga a la banca a aumentar las provisiones sobre los créditos sanos en unos 30.000 millones de euros, a la vez que obliga a colocar todos los activos adjudicados por impago a una sociedad especifica de gestión inmobiliaria y que se dedicará a la venta ordenada de esos bienes.
El nuevo decreto aprobado por el gobierno eleva las provisiones para el crédito inmobiliario considerado como sano, de manera que los bancos y cajas tendrán que movilizar unos 30.000 millones de euros, al incrementarse el nivel de provisiones exigidas del 7% al 30%. Según los datos del Ministerio de Economía a finales de 2011 el crédito a promotores alcanzaba los 310.000 millones de euros, de los que 184.000 representan préstamos problemáticos. Estas exigencias se suman a las provisiones de alrededor 54.000 millones por el crédito ya problemático, con lo que la cobertura total del riesgo inmobiliario se eleva al 45%. En concreto, se obligará a la banca a provisionar el 52% de los 25.000 millones de préstamos destinados a financiar suelo y otro tanto del crédito sin garantía real (18.000 millones). También se exigirá una cobertura de un 29% para los 16.000 millones en promociones en curso y el 14% para aquellas terminadas, que alcanzan un importe de 61.000 millones
Los activos problemáticos fuera de las entidades. Con el nuevo reglamento los bancos estarán obligados a traspasar antes de que acabe 2012 todos sus activos inmobiliarios problemáticos a otras sociedades especializadas en gestionarlos y éstas podrán aportar las provisiones que fueran necesarias. Esta sociedad se hará cargo, en principio, de todos los activos inmobiliarios tóxicos, es decir los que ya entraron en mora o tienen riesgo de hacerlo y los adjudicados, y deberá ir haciéndose cargo de los créditos del «ladrillo sano» que pasen a ser problemáticos.
Para agilizar la venta de esos activos, la sociedad tendrá que colocar al menos un 5% de ellos a un tercero cada año, de forma que el banco que poseía esas propiedades pueda ir reduciendo ese lastre. El plazo tendrá que ser más ágil para las entidades que reciban dinero público. En el caso de las entidades con ayudas públicas, la desinversión tendrá que realizarse en un tiempo menos, en tres años como máximo para que la sociedad inmobiliaria quede fuera del ámbito de consolidación del banco.
¿Cuánto costará al Estado? Esta cuarta reforma del sector financiero, costaría cerca de 15.000 millones de euros en avales del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La estrategia del Gobierno es inyectar capital en forma de bonos convertibles contingentes a aquellas entidades que se vean en situaciones de dificultad. En la actualidad el FROB, según asegura el propio ministro de economía Luis de Guindos cuenta con una liquidez de 5.000 millones de euros, de manera que para ampliar ese Fondo habría que realizar nuevas emisiones de deuda”. Según el ejecutivo, esta reforma no tendrá ningún efecto en el bolsillo del contribuyente, ya que el dinero. Las entidades financieras tendrán sólo hasta el 31 de mayo para presentar al Banco de España sus planes acerca de cómo piensan cumplir con los requerimientos que establece la nueva reforma. Y antes del 30 de junio las entidades deberán anunciar sus planes de integración en caso de que fuera necesario.
La letra pequeña.- La publicación en el BOE de la nueva reforma financiera, un día después de su anuncio, da algún detalle más de ese decreto. Así, por ejemplo, el BOE deja claro que el Estado nacionalizará las entidades financieras que no devuelvan en un plazo de cinco años las ayudas articuladas a través de bonos convertibles, los conocidos como ‘cocos’, destinadas a ‘limpiar’ sus balances de activos inmobiliarios. Una vez transcurrido este plazo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a través del que el Estado suscribe los ‘cocos’, dispondrá de un máximo de seis meses para ejecutar lo que en la práctica supondría la nacionalización de la entidad. De todas formas, la norma faculta al Banco de España a proceder a la conversión de acciones con anterioridad a esos cinco años si considera «improbable» que un determinado banco pueda afrontar el pago de esta ayuda. Y si la entidad incumple con la devolución de la ayuda, el organismo regulador podrá además sustituir de forma provisional los órganos de administración o dirección de la entidad, lo que acabaría suponiendo su intervención.
Los más perjudicados.-
Según los expertos la banca mediana será la principal perjudicada de las nuevas exigencias. El Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de la nacionalidad de Bankia, sería la entidad que sufra un mayor impacto en sus cuentas, unos 4.524 millones euros, frente a Bankinter, que sólo sufriría un impacto en sus cuentas de 186 millones de euros por tener una escasa exposición al ladrillo. Por su parte las tres grandes entidades del sector, Banco Santander, BBVA y Caixa Bank serían capaces de asumir la nueva carga sin necesidad de ayudas. Entre las entidades mejor situadas están las que se encuentran en un proceso de fusión, porque contarán con un calendario más amplio para el cumplimiento de las exigencias, es el caso por ejemplo del Banco Sabadell en fase de integración con la CAM.