Ante un paro que según las cifras oficiales ya afecta a un cuarto de la población, el gobierno español ha aprobado una reforma laboral que facilitará a las empresas realizar despidos. Esta nueva reforma está pensada para favorecer a las empresas, los desempleados y la gente joven.
Se basa en la teoría de que para las empresas será más atractivo contratar a alguien si saben que les saldrá más barato despedirle en un futuro. A pesar de la crisis, uno de los mayores frenos al despido es el coste que éste tiene para el empresario. Originariamente, la compensación por despido improcedente era de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 meses, o tres años y medio de paga. Con esta reforma se rebaja a 33 días por año trabajado, o 22 días si el empresario puede justificar un descenso en sus ventas durante tres trimestres consecutivos.
Es una política escrita para favorecer a la empresa con la idea de que los negocios, al poder ahorrar en estos gastos, invertirán en I+D, mejorando así su competitividad y posibilidades de éxito, gracias a lo cual volverían a contratar trabajadores.
La nueva ley ha recibido críticas favorables, aunque es probable que el momento actual no sea el más propicio para su aplicación, ya que el propio Banco de España ha reconocido el riesgo de que provoque la pérdida de más puestos de trabajo a corto plazo en una situación de recesión. Antes de la reforma, el enorme coste del despido limitaba la capacidad de las compañías a la hora de reestructurar la empresa o recortar plantilla. Con tal de ahorrar ese dinero, despedían a sus trabajadores nuevos o temporales y se quedaban con los que llevaban más tiempo en la empresa, aunque no fueron los mejores. A partir de ahora, los empresarios tendrán una mayor flexibilidad y discrecionalidad. Sin embargo, no se genera ninguna confianza en los ciudadanos de que tendrán más fácil encontrar un nuevo trabajo una vez que hayan sido despedidos.
Las cifras de desempleo juvenil en España son enormes, con la mitad de los menores de 30 años en el paro. Solventar este problema es uno de los objetivos de esta ley. A partir de ahora, las compañías que tengan algún trabajador con un contrato de formación y aprendizaje durante 24 meses consecutivos o más, tendrán que hacerle indefinido. Este punto afectaría especialmente a las asesorías, particularmente en las áreas de tecnología, arquitectura e ingeniería, donde es práctica común encadenar contratos temporales.
De hecho, las empresas podrán hacer contratos de formación a personas de hasta 30 años mientras que la tasa de paro no baje del 15%. Una vez que esto ocurra, la edad máxima para este tipo de contrato serán los 25 años. Además, las pequeñas empresas tendrán una deducción fiscal de 3.000 euros al contratar a su primer trabajador menor de 30 años.
A pesar de estos teóricos beneficios para la juventud, la ley va a poner las cosas más difíciles a los mayores de 50 años al reducir las compensaciones por despido. Antes las compañías se lo tenían que pensar mucho si querían despedir a estos trabajadores, pero ahora les resultará mucho más sencillo al salirles más barato y necesitar de menos justificación. Por supuesto, estos trabajadores maduros van a tener muy difícil encontrar empleo en otra parte una vez que hayan sido despedidos. Eso sí, las compañías que contraten a un parado de larga duración – es decir, que haya estado en el paro por lo menos tres meses – recibirán una bonificación de 4.500 euros.
La reforma laboral también da prioridad a los emprendedores, un colectivo que no ha estado muy promovido en España. Para ello, se crea un nuevo contrato indefinido que evita que muchas personas tengan que entrar en el régimen de autónomos. La ley le da a estas pequeñas empresas, especialmente a las que tienen menos de 50 trabajadores, mayores facilidades para modificar los contratos de trabajo y para despedir a trabajadores sin asumir las consecuencias que recaen sobre las grandes compañías.
Otra parte de la reforma está dedicada al absentismo laboral, facilitando a los empresarios el despido de trabajadores que se han ausentado de su puesto de trabajo. No acudir al puesto de trabajo más de ocho días en dos meses, o 20 días en un año, puede garantizar un despido procedente.
Por otra parte, en esta ley se elimina la bonificación que el gobierno Zapatero daba a las empresas que readmitieran a sus trabajadoras tras la baja de maternidad. Se trataba de una deducción fiscal de 1.200 euros por año durante los cuatro años siguientes a la readmisión. De este modo, se facilita el despido de las madres recientes, especialmente si tienen complicaciones que las fuercen a estar de baja más de los cuatro meses legalmente establecidos.
Esta nueva ley sigue la senda marcada por Rajoy desde el principio de la legislatura para atraer inversores extranjeros. Sin embargo, la caída del consumo baja enormemente el atractivo del país.
Ninguna de las nuevas leyes que se han aprobado promueve el consumo. Tampoco mejoran el problema del crédito, un factor vital para que las compañías puedan innovar o expandirse. Lo único que parece claro a estas alturas es que no existen soluciones mágicas y quedan muchos flecos por solucionar.