Son los Presupuestos Generales del Estado más austeros de la democracia, por ello quizás haya sorprendido más si cabe una medida como la amnistía fiscal para que las grandes fortunas en dinero negro den un paso al frente. El ejecutivo ha previsto una tributo del 10 %, perdonando así las multas e impuestos correspondientes, para aquellos que decidan legalizar sus fondos.
Se trataría siempre de cuentas y operaciones opacas generadas entre 2007 y 2010, estableciéndose el 31 de diciembre de este último ano como fecha límite de la medida. Lógicamente el dinero en efectivo queda fuera de este mecanismo ya que es difícil de acreditar que se tuviera con anterioridad a esa fecha límite. Con este mecanismo el gobierno espera que afloren unos 25.000 millones de euros con lo que se recaudarían 2.500 millones. El objetivo principal del gobierno es atraer las cuentas ocultas en Suiza, Andorra, Luxemburgo, Liechenstein y otros países que cuentan con secreto bancario. Un “ocultismo” al que se pondrá fin en un par de años en Europa.
La OCDE y la Comisión Europea han conseguido fijar el final del secreto bancario en 2014 y la banca suiza lleva meses instando a sus clientes a que regularicen sus cuentas. Y es que sólo en bancos suizos se calcula que puede haber unos 45.000 millones de euros de clientes españoles del total de 60.000 millones que se estima que han eludido los controles fiscales de nuestro país.
El gobierno ha justificado este mecanismo citando a países como Reino Unido, EEUU o Italia donde la medida ha dado frutos. Pero esos 2.500 millones que el ejecutivo lograría sumar a las arcas públicas están muy lejos, por ejemplo, de los 100.000 millones recaudados por el gobierno italiano. En todo caso, todo aquel que quiera regularizar su situación tributaria, o lo que es lo mismo blanquear su dinero, tiene hasta el 30 de noviembre para presentar una declaración confidencial expresando tal efecto. Y es que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha dejado claro que en 2013 se endurecerá el régimen tributario sancionador. «Es el momento de hacerlo y de hacerlo lo antes posible», decía Montoro. «No se volverá a presentar una ventana así. Quien no lo aproveche ahora luego se va a encontrar con un plan muy severo de penalización».
A los inspectores no les gusta
Los que tendrán que hacer “la vista gorda” a los defraudadores, los técnicos de Hacienda no ven con buenos ojos la amnistía fiscal del gobierno, ya que consideran que servirá para “enjuagar” la comisión de delitos fiscales a un “precio de saldo”. Desde Ghesta se considera blanda la tasa del 10 %, porque el 72 % de los casos las cantidades defraudadas provienen de grandes fortunas y corporaciones.
Los técnicos de Hacienda, si bien aseguran que la medida no es inconstitucional si vulnera la aplicación del artículo 31 de la Constitución. Un artículo que dice que“todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
En cualquier caso, el secretario general de Ghesta, Jose María Mollinedo cree que la decisión del gobierno “no va a fomentar conductas entre los que cumplen, que son la mayoría, y están sujetos a retenciones , lo que supone más de un 80% de los ingresos del impuesto de las rentas”. Aunque en su opinión si tendrá un efecto negativo al “desalentar a los ciudadanos que han cumplido con sus obligaciones fiscales”.